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Después de más de un año, las remuneraciones de quienes trabajan en urgencias siguen estancadas: "Retrasos e inercia inaceptables"

Después de más de un año, las remuneraciones de quienes trabajan en urgencias siguen estancadas: "Retrasos e inercia inaceptables"

La instauración del subsidio de Urgencias con la ley de presupuesto 234 del 30/12/2021 -fuertemente deseada y propuesta por Anaao Assomed- implementada por primera vez por el nuevo Convenio Colectivo Nacional CCNL 2019-21 (art. 79 y art. 75 párrafo 2), representó una pequeña revolución en la remuneración de los gestores médicos de Urgencias. Con esta prestación, los médicos de urgencias pasan a ser considerados formalmente una categoría desfavorecida, junto a los anestesistas y radiólogos, que ya disfrutaban de ocho y quince días de descanso biológico anual respectivamente, además del subsidio por riesgo radiológico.

Aunque el CCNL preveía inicialmente una indemnización de 1 euro/hora bruta, hay que tener en cuenta que este valor es meramente indicativo y puede ser incrementado en la negociación complementaria (art. 9 co. 5 letra m), lo que subraya aún más a nivel contractual la razón de ser de la indemnización y, por tanto, la propia penosidad del trabajo, ajustada según la tabla. En la quinta columna del CCNL, o bien repartido entre las empresas en virtud de la comparación regional (art. 7 co. 1 letra j) en función de los recursos orgánicos, es decir de las horas efectivamente trabajadas y sobre todo de los recursos complementarios asignados a nivel nacional.

El CCNL prevé de hecho la consolidación de todos los recursos (“teniendo en cuenta lo previsto… por la ley 197/2022”), tanto los introducidos por la ley 234/2021 (27 millones de euros sobre los que se ponderó el importe de 1 euro/hora), como los añadidos posteriores con la ley de presupuesto 197/2022 y el “Decreto Ley” DL 34/2023 convertido en ley 56/2023, con 60 millones de euros adicionales, por un total de 87 millones de euros al año a partir del 1.1.2024. El resultado es que la remuneración global efectivamente pagada en la nómina alcanza un valor comprendido entre 4 y 5 euros/hora brutos (en Apulia más de 10 euros/hora), además de los posibles saldos restantes que se redistribuirán. Un mayor valor de la remuneración supone una mayor escasez de médicos.

Lamentablemente, más de un año después de la entrada en vigor del nuevo CCNL, en la mayoría de las regiones la revalorización económica de la indemnización sigue vergonzosamente suspendida, con importes estancados en 1 euro/hora bruta. Véneto, Lombardía, Emilia Romaña, Piamonte y Apulia han ajustado el importe asignado a nivel nacional, Toscana acaba de alinearse. Regiones como Liguria y Sicilia todavía pagan 1 euro/hora. Frente a la solidaridad habitual ante los inconvenientes que sufren los médicos de urgencias y la tan cacareada escasez de especialistas, muchas Regiones son muy buenas y muy rápidas a la hora de reclutar médicos en cooperativas (42 millones de euros gastados en 2024, datos de la ANAC), y mucho menos a la hora de pagar a sus propios médicos asalariados lo que les corresponde por ley. Si bien el Estado ha hecho su parte, la paradoja de Italia es la demostración de que a nivel periférico las urgencias no interesan: tenemos leyes y un contrato que establecen una indemnización, retenida ilegítimamente por las Regiones con el silencio connivente de las Direcciones Generales de las empresas. Tampoco se entiende por qué en algunas regiones, como Emilia Romagna, no quieren pagar el subsidio mensualmente sino anualmente, casi como si fuera un bono o una especie de decimocuarto salario, en lugar de pagar mensualmente lo que corresponde en función de las horas trabajadas.

La actual ley financiera ha incrementado la asignación en otros 15 millones de euros (¿cuándo los veremos?) hasta un total de 102 millones al año. Nuestra Comisión había solicitado, de hecho, un aumento por un motivo específico: con la modificación del sistema de pago de las compensaciones por las certificaciones obligatorias del INAIL, se había producido una disminución significativa de su valor económico, de aproximadamente 11 millones de euros en total al año.

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